Con Rafa Informa
El
ejército nigeriano admitió que había soldados desplegados en la zona de
peaje de Lekki en Lagos, donde varios manifestantes pacíficos murieron
baleados la semana pasada. El incidente ha provocado indignación
internacional.
Al menos 10 manifestantes murieron en la balacera del 20 de octubre, según Amnistía Internacional.
El
Ejército había mantenido que no había tropas suyas en el lugar, pero el
mayor Osoba Olaniyi, vocero militar, cambió esa versión el martes por
la noche al decir que había soldados desplegados en la zona de peajes
para vigilar el cumplimiento de un toque de queda. Sin embargo, negó que
los militares disparasen a los manifestantes.
“En ningún momento los soldados del Ejército de Nigeria abrieron fuego contra ningún civil”, afirmó en un comunicado.
El Ejército admitió su presencia en el lugar después de que el
gobernador del estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, dijera que las
grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban a soldados nigerianos
en la plaza y disparando a los manifestantes pacíficos.
Olaniyi
dijo que se habían desplegado militares por orden del gobierno estatal
de Lagos, aunque el gobernador ha dicho que el estado no tiene autoridad
sobre el Ejército. Muchos nigerianos se preguntan por qué se
desplegaron tropas ante una protesta pacífica que reunió a miles de
personas.
Un comité judicial empezó a investigar el tiroteo el
martes. El comité también investigaba las acusaciones de abusos contra
el Escuadrón Especial Antirrobo, una unidad policial conocida por sus
siglas SARS.
A principios de octubre se inició una fuerte campaña
contra esa división tras la difusión de un video en el que se veía a un
hombre recibir una golpiza, aparentemente a manos de agentes del SARS.
Las protestas, pacíficas y bien organizadas, cortaron el tráfico en
Lagos y muchas otras ciudades del país. El gobierno del presidente,
Muhammadu Buhari, aceptó desmantelar la unidad policial, aunque las
protestas se mantuvieron con demandas de profundas reformas policiales y
medidas anticorrupción.
Los manifestantes eran en su mayoría
pacífica, pero varios murieron baleados, según Amnistía Internacional,
que acusó a las autoridades de emplear una fuerza innecesaria. El
gobierno impuso un toque de queda el 20 de octubre y ordenó a todo el
mundo quedarse en casa. Esa noche se registraron los tiroteos en el
puesto de peaje. Durante los dos días siguientes hubo disturbios
generalizados en la ciudad.
CREDITOS A SAN DIEGO UNION-TRIBUME
