Las AFP del país han acumulado ganancias por RD$ 3,400 millones de pesos entre enero y septiembre

Las AFP del país han acumulado ganancias por RD$ 3,400 millones de
pesos, superiores a las obtenidas en igual período en los años 2016,
2017 y 2018, con ganancias acumuladas por RD$ 43 mil 168 millones de
pesos desde el 2004.

Esto ha sucedido mientras se desarrolla en
el país y a nivel mundial, la peor crisis de las últimas décadas, que ha
dejado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social una baja de hasta
9,082 empleadores y 313 mil 933 cotizantes menos al mes de junio, entre
los meses de enero y septiembre del 2020.

Dichas informaciones
fueron suministradas por los investigadores Matías Bosch Carcuro y Airon
Fernández Gil, de la Fundación Juan Bosch, quienes han puesto en
circulación la nueva edición del libro: “Del Negocio Seguro a la
Seguridad Social”, donde presentan cómo funciona el “negocio” en el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Ambos
afirman que las ARS privadas, a las que el Estado dominicano ha tenido
que financiarles las coberturas no consideradas por COVID-19, extrayendo
recursos de los fondos de Riesgos Laborales, han acumulado ganancias
por RD$ 14,897 millones de pesos, contando sólo hasta marzo de 2020.

Las AFP y las ARS a finales del 2019, ya habían consumido más
de RD$ 122 mil millones de pesos entre beneficios y gastos ajenos a la
salud y las pensiones de la ciudadanía.

Según los autores, Bosch
Carcuro y Fernández Gil, “nada de esto es casual ni por falta de
recursos, ni tiene por qué ser así, sino que es el resultado de las
políticas y la ley que se han estado aplicando, incluyendo el nuevo
esquema de comisiones que se estableció en febrero y presentado como una
victoria para la sociedad, que han convertido las pensiones y la salud
en un negocio multimillonario, en manos de las AFP, ARS, empresas de
seguros y prestadores privados, a costa de la clase trabajadora y del
95% de empleadores que son MIPYMES”.

Desde su perspectiva, debido
a los intereses de los grupos con poder económico en el país, se están
violando la Constitución y los tratados internacionales que el Estado ha
firmado, ya que no se está garantizando a la población un beneficio
definido, justo y digno en pensiones, y la salud se está administrando
“de manera segregada entre la población según criterios discriminatorios
por edad, género y capacidad económica, como si fuera una mercancía y
no un derecho”, afirman los autores.

Finalmente, Bosch y
Fernández señalan que en el país se gasta más del 6% del PIB en salud, y
sin embargo por las razones mencionadas no es una salud digna, humana,
ni de calidad, y las atenciones se hacen en función del bolsillo de las
personas y el seguro que puedan pagar, lo cual ocurre en todos los
países donde este mismo modelo es el que domina.

 

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE.

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