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Ahora que el debate sobre la sustitución o no de la cesantía ha
tomado nuevos bríos con la presentación de nuevas propuestas, entre
ellas la de poner un límite de seis años para los empleados de nuevo
ingreso y establecer un monto máximo a la cesantía, equivalente a 10
veces el salario mínimo del sector laboral al que
pertenece el empleado, se hace oportuno señalar que en este, como
cualquier otro tema, el ejercicio responsable sugiere que no nos
opongamos al cambio, aunque sí debemos asegurarnos de que sea
beneficioso para los trabajadores (los de hoy y los de mañana) y la
sociedad en su conjunto.
El hecho de que desde tiempos lejanos el sector empresarial
haya estado exigiendo ese cambio, sin que su larga lucha haya terminado
en el desmayo, debe servir para que nos abramos al sentido común para
que nos conduzca por los claros caminos del entendimiento y lleguemos a
la conclusión de que algo hay que hacer.
Para que las huellas que dejemos a nuestros pasos sean aciertos, lo
primero que debemos hacer es nutrirnos de la experiencia de los
diferentes modelos que se han aplicado en el mundo con iguales
propósitos.
Para empezar, podríamos recurrir a un estudio de la Cepal, de la autoría de Mario D. Velásquez Pinto, que ya habíamos comentado el 16 de octubre pasado, a través de estas páginas vestidas por el color de la esperanza.
En ese estudio aflora que las indemnizaciones, que es lo mismo que la
cesantía, aparecen regularmente asociadas con efectos no deseados,
tales como forzar renuncias, despidos anticipados y conductas orientadas
a provocar el despido, como una única vía para obtener tales
prestaciones.
Además, las disputas laborales que generan, constituyen regularmente
la mayor carga de trabajo de los juzgados laborales en América Latina,
lo que muestra que ese beneficio, en muchos casos, no necesariamente es
recibido por los trabajadores o, al menos, en el momento en que
efectivamente se requiere.
República Dominicana no ha estado ajena a esa realidad.
En el caso del seguro de desempleo, que es otro mecanismo de
compensación en beneficio del trabajador, el estudio de Velásquez Pinto
plantea que las evaluaciones disponibles indican que ese tipo de
programas no constituye una red de seguridad para los trabajadores más
pobres, ya que en general, esos programas benefician a trabajadores
asalariados de los deciles medios de ingreso.
El informe de la Cepal arroja mejores resultados en el caso de las Cuentas de Ahorro Individual por Desempleo,
que ofrecen la ventaja de “internalizar en los trabajadores el costo de
los beneficios de desempleo, ya que forman parte de su patrimonio, con
lo que se evita el riesgo moral presente en muchos esquemas de seguro y,
por lo mismo, también presentan ventajas respecto de las
indemnizaciones por despido”.
Pero, en el caso de nuestro país, donde los salarios son bajos y ya
el trabajador y el empleador aportan a la cuenta de capitalización
individual de la seguridad social, este instrumento no resultaría de
fácil aplicación.
Sea cual fuere la opción que escojamos, que no debe ser en desmedro
de los derechos adquiridos de los trabajadores, debe garantizar, además
del beneficio para los trabajadores ya contratados, que se generen las
condiciones para crear nuevos empleos, que es lo que en definitiva
garantizará una mejora continua de la calidad de vida de los asalariados
de las presentes y futuras generaciones. Y, manteniendo una porfía sin
fin esto no será posible.
CREDITOS A HOY.
Con Rafa Informa
