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Santo Domingo.- Pacientes que acuden a laboratorios para realizarse pruebas médicas expresan su incomodidad ante los “interrogatorios” que reciben en público,
con preguntas de carácter íntimo, como parte del proceso de validación
de datos exigido por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Sobre este tema, la farmacóloga Karen Tamariz recordó que la Ley General de Salud 42-01 establece que los prestadores de servicios de salud deben garantizar la confidencialidad de la información de los pacientes.
“La ley de salud es clara en cuanto a la protección de datos y
la integridad en la atención. La historia clínica es propiedad del
paciente y solo él tiene derecho a decidir cómo manejarla”, señaló Tamariz en el Programa El Día.
Las quejas son frecuentes entre los usuarios de laboratorios, quienes
denuncian que, sin protocolos de privacidad adecuados, se les formulan
preguntas íntimas frente a otras personas. En muchos casos, los
pacientes ni siquiera comprenden la razón médica detrás de los estudios
indicados por su doctor.
“El problema
no son las preguntas en sí, sino la manera en que se realizan. Se pierde
la privacidad del paciente al tratar estos temas en espacios públicos”, explicó Tamariz.
La especialista también advirtió que uno de los principales fallos del sistema de salud dominicano es la falta de integración y homologación, lo que termina afectando directamente a los pacientes.
“El paciente
acude al laboratorio porque sigue las indicaciones de su médico, muchas
veces sin saber exactamente qué tiene. Sin embargo, en el laboratorio,
la ARS trata de validar el procedimiento ambulatorio de una forma que
expone su información personal”, agregó.
Otro aspecto preocupante, según Tamariz, es que el personal encargado de autorizar los estudios en los laboratorios no siempre cuenta con formación en salud, lo que agrava la situación.
El derechos del paciente
Tamariz enfatizó que realizar estas preguntas en público vulnera los derechos de los afiliados y recordó que los pacientes tienen derecho a negarse a responder si consideran que su privacidad está en riesgo.
“Si un paciente se niega a responder y, como consecuencia, no
recibe el servicio, puede presentar una denuncia ante la Dirección
General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
(DIDA)”, precisó.
Para mitigar estas situaciones, Tamariz sugiere que se implemente un protocolo claro que garantice la privacidad y el respeto a los derechos de los pacientes en todo el proceso de validación de las ARS.
CREDITOS A EL DIA.
Con Rafa Informa
