Ante las discusiones periódicas con voces a favor y en contra de la
explotación minera, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez,
manifestó que la República Dominicana debe decidir cual será su
política minera en sentido general y el aprovechamiento de los recursos mineros.
“Que la República Dominicana decida que vamos hacer con la minería a
futuro en sentido general, periódicamente tenemos discusiones con el
tema minero a favor unos, otros en contra, pero tenemos que definir como
país como política pública si vamos a provechar los recursos mineros o
no”, expresó Henríquez.
El ministro afirmó que se trata de una discusión que escapa más allá de los ministerios de Medio Ambiente y Energía y Minas.
Henríquez fue el invitado del Almuerzo Semanal del Grupo de
Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de Ana Emilia Pimentel,
viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, el general Ángel
Camacho Ubiera, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental
(SENPA), Rayne Paulino, coordinador administrativo y financiero y Juan
Pichardo, director de Comunicaciones.


Tierras raras
El ministro ofreció esta respuesta al ser cuestionado sobre la conveniencia de la explotación de las tierras raras en la Sierra de Bahoruco.
De forma específica dijo que no contaba con las herramientas para decir
si le conviene o no al país esa explotación pues al ministerio que
dirige no ha llegado ninguna solicitud.
Agregó que las exploraciones que se hacen actualmente allí son para
tomar muestras que luego son analizadas fuera del país. “Eso es lo único
que se ha autorizado y no tienen ningún tipo de impacto porque son
rocas de un diámetro bastante reducido”.
Henríquez no precisó a qué parte del Parque Nacional Sierra de Bahoruco
está dentro de la Reserva Fiscal Ávila, declarada en 2018 con el
interés de un posible aprovechamiento de los minerales de tierras raras.
Oro en San Juan
En cuanto al proyecto de Goldquest que busca explotar el oro de la
provincia San Juan, informó que aún se encuentra en evaluación la
solicitud que hizo esa minera sobre los Términos de Referencia (TDR)
para la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que
determinaría la viabilidad o no de la explotación.
Con relaciona a la negativa de algunos sectores de la provincia de
que se haga el EIA, planteó que lo ideal es que se realice y se discuta,
porque eso da mayor transparencia. “Este ministerio va a enfrentar y lo
va asumir con la responsabilidad y transparencia necesaria”, manifestó
al respecto.
Henríquez también favoreció la modificación de la Ley de Minería que
actualmente contempla el permiso de explotación previo al EIA.
“Se trabaja en eso porque es un tema hasta de seguridad jurídica
porque como tu le das una licencia definitiva a un proyecto que no ha
sido evaluado previamente medioambientalmente”, cuestionó.
Aunque aclaró que el Ministerio de Medio Ambiente puede hacerlo de
forma previa a los fines de que el presidente de la República tenga la
información antes de dar una licencia de explotación.
Barrick Gold
En cuanto a la operación minera de oro en Cotuí por la empresa
Barrick Gold, Henríquez aseguró que se realizan monitoreos cada seis
meses y que hasta el momento no han identificado elementos de
contaminación.
Respecto a la construcción de la presa de cola, precisó que Medio
Ambiente entregó un estudio de impacto a la flora y autorizó la
construcción de un proyecto habitacional para más de 500 viviendas.
Cuevas de Pomier
Otro tema que preocupa a la población es la destrucción de las
Reservas “Cuevas del Pomier “en San Cristóbal, donde la minería de roca
caliza ha afectado considerablemente esa área protegida.
Al respecto, Henríquez recordó que se trata de un problema de varias
décadas donde hay conflictos por concesiones mineras previo a la
declaratoria del área protegida y otras ilegales. Indicó que el próximo
27 de febrero el presidente Luis Abinader ofrecerá una decisión
definitiva.
Farallones
En cuanto a la destrucción de los Farrallones de la
avenida Ecológica de Santo Domingo Este, informó que se han retirado 19
viviendas y hay casos que serán llevados a la justicia para su
procesamiento, ya que hay personas que tienen títulos de propiedad en
esa área protegida y autorizaciones para uso de suelo que deben ser
investigadas.
Creditos a Hoy.