La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
denunció que en lo que va de este año suman 24 las ejecuciones
extrajudiciales de civiles a manos de agentes policiales y que el año
pasado aumentaron a 130 estas muertes ilegales respecto de 2023, cuando
se contabilizaron más de 90 personas fallecidas en estas circunstancias.
El presidente del organismo, doctor Manuel María Mercedes,
declaró que en enero de este año, recibieron informaciones de unas
siete ejecuciones de personas y alrededor de 17 en lo que va de este mes
para un total de 24 muertes.
Sostuvo que no confía en el informe que este año ofreció el Ministerio de Interior y Policía, y afirma que no ha habido políticas públicas de prevención efectiva para los jóvenes.

Indicó que en el 2024, se registraron alrededor de 50 muertes más que
en 2023 por hechos calificados como intercambios de disparos de
ciudadanos con policías.
A decir de Mercedes, es prematuro para decir que este año pueda
superar el 2024, le preocupa que no baje la tasa de homicidio, como
afirma la ministra de Interior, Faride Raful, quien la situó en 7.5 %.
“No sé la metodología que utilizan para determinar la tasa de
homicidios, cuando la propia institución ejecuta uno cada día”.
Mercedes se refirió al informe que Raful dio a conocer el pasado
lunes, mostrando una leve reducción en la tasa de homicidios en el país,
de 7.5 por cada 100 mil habitantes, respecto del 7.7 registrado la semana anterior.
Precisó que estas cifras tampoco se corresponden con la percepción ciudadana.
Rechaza que la criminalidad sea menor y parte del hecho de que cada
día, habitantes solicitan la intervención de la fuerza policial y elevar
la seguridad en sectores de todo el país. “Cada día, la ciudadanía
expresa su inconformidad por la cantidad de robos y asaltos que se están
produciendo en el país. Hay una contradicción en lo que dicen y en la
realidad”.
A su juicio, los funcionarios no sienten los estragos de la
criminalidad por el hecho de que se desplazan resguardados por equipos
de seguridad, “mientras la comunidad está desamparada y cada se producen
atracos que no son registrados ni tomados en cuentas para las
estadísticas que se están dando”.
Flaqueza de la seguridad ciudadana
Demandó transparentar las informaciones que se ofrecen a la ciudadanía desde el Plan de Seguridad Ciudadana,
que se coordina desde la Policía Nacional, así como de la Fuerza de
Tarea Conjunta, que trabaja en el fortaleciendo la seguridad del país.
Entiende que la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta no ha llenado
las expectativas que el Gobierno se ha planteado y la sociedad, porque,
pese al despliegue policial y el esfuerzo extraordinario, continúan los
asaltos, secuestros, ejecuciones, los homicidios y los atracos.
Planteó que el desafío sigue siendo colocar una mayor presencial
policial en los barrios para hacerle frente a la ola de delincuencia en
la capital del país y las principales ciudades, como Santiago y San
Cristóbal. “Falta más prevención del crimen y la militarización”.
Desatención de la juventud
Mercedes es un activista de los derechos humanos que recorre todo el
país y cada día litiga en un tribunal diferente, ayudando a personas de
escasos recursos. Es así como aprecia que una franja de jóvenes
dominicanos no han recibido el cambio esperado.
“En el informe que presentaremos próximamente al país de la CNDH, se puede encontrar que de los casi 25 mil privados de libertad
que tiene el país, de un 45 % a un 55 % son jóvenes, de entre 18 y 19
años. No pasan de 30 años los apresados por conflictos con la ley”.
Interpreta que la dureza de la crisis económica y la falta de políticas
públicas en el sector juventud, provoca que tantos jóvenes se envuelvan
en el tráfico y microtráfico de drogas.
Creditos a Hoy.