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El Gobierno de Donald Trump afirmó este martes que no remitirá
a un juez federal detalles sobre dos de los vuelos en los que el sábado
se deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, al considerar que la
Administración no vulneró la orden que ese mismo magistrado emitió para
que se los devolviera a territorio estadounidense.
Pese
a la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, un total
de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron a unos 200
venezolanos -que el Gobierno de EE.UU. asegura que son miembros de la
banda criminal Tren de Aragua- a las autoridades locales, que aceptaron
encarcelarlos.
Para el operativo, Trump invocó la ley de Enemigos
Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda
Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía
estadounidense, sin vista judicial previa.
El lunes,
Boasberg pidió al Departamento de Justicia que le remitiera hoy
información sobre todo el operativo, incluyendo datos sobre dos vuelos
que despegaron de suelo estadounidense antes de que el magistrado
emitiera por escrito su orden a las 19:25 hora local del sábado.
«El Gobierno sostiene que no existe justificación para ordenar la presentación de información adicional, y que hacerlo sería inapropiado», reza la documentación presentada hoy ante la corte por el mencionado departamento.
El escrito asegura que «incluso aceptando la versión de los hechos de los demandantes, no
se violó la orden escrita del Tribunal (ya que los vuelos pertinentes
abandonaron el espacio aéreo estadounidense, por lo que sus ocupantes
fueron ‘retirados’ antes de que se emitiera la orden)» y a su vez
argumenta que «las declaraciones orales previas del Tribunal (emitidas a
las 18.47 hora del Este) no eran ejecutables de forma independiente
como medidas cautelares».
El Gobierno estadounidense concluye que
al estar el proceso en fase de apelación (el lunes solicitó que se
retirara a Boasberg de la causa alegando un «ejercicio inapropiado de
competencias») «no se debería exigir al Gobierno que revele información
sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones
exteriores hasta que se resuelva dicha solicitud, especialmente dado que
esta información no es relevante ni urgente».
El Departamento de
Justicia ha cuestionado que la orden de Boasberg en su forma verbal
fuera vinculante y también que el juez tenga competencia sobre la
política migratoria del Gobierno.
Uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la «crisis constitucional» que
plantea el caso, mientras distintos miembros del Gobierno Trump
insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas
del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en EE.UU.
CREDITOS A LISTIN DIARIO.
Con Rafa Informa
