Tres hechos recientes se han producido en el mercado de las
criptomonedas de los cuales República Dominicana debe sacar varias
lecturas:
El primero es el escándalo generado por la súbita subida, en 1.300%,
que en cuestión de horas tuvo la criptomoneda $Libra, impulsada por un
mensaje del presidente argentino Javier Milei que atrajo a unos 40,00 inversores ,
para luego, en cuestión de segundos, desplomarse. Aunque el mandatario
se defiende alegando que difundió el surgimiento de la cripto, más no la
promovió. Sin embargo, lo ocurrido revela que el riesgo de estafas en
este mercado es alto.
El segundo es lo que ha ocurrido en el Salvador, donde para
satisfacer una exigencia del FMI que obligaba a mitigar los riesgos para
el fisco de los criptoactivos en el marco de un financiamiento otorgada
a ese país de 1,400 millones de dólares, el Congreso modificó a finales
de enero la pionera legislación aprobada en septiembre de 2021 sobre
las criptomonedas. Con la modificación dejaban de ser monedas oficiales y
su uso quedaba relegado a intercambios entre ciudadanos y empresas
privadas, mientras que su aceptación pasaba de ser de obligatoria a
voluntaria.
Con posterioridad a la firma del acuerdo, el Gobierno hizo compras de
bitcoins que pusieron en dudas el cumplimiento de lo acordado, aunque
el Gobierno trató de disiparlas al afirmar que había comunicado al
organismo internacional que esas compras «son consistentes» con el
acuerdo. No obstante, el hecho revela todavía la regulación y
fiscalización no es seguro y se aproxima a lo dubitativo.
Y lo tercero es lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. La
intención del presidente Donald Trump de convertir a su país en la
capital de las criptomoendas ha comenzado a tomar cuerpo en hechos: él
acaba de crear, a través de una orden ejecutiva, la reserva estratégica
de bitcóin, y ha dicho que va a ser “como un Fort Knox virtual para
albergar oro digital en la tesorería estadounidense».
Oportuno es hacer notar que, a diferencia de países como El Salvador,
a los cuales el FMI pone condiciones a cambio de otorgar
financiamiento, Estados Unidos no tiene esas ataduras porque al no
recibir préstamos, su rol se limita a supervisar la economía
estadounidense, no la fiscaliza ni le impone reglas o regulaciones.
A eso se agrega que, contrario al saliente presidente de la SEC, Gary
Gensler, quien antes de dejar el cargo abogó por intensificar sus
regulaciones sobre los criptoactivos, el presidente actual del organismo
regulador, Mark Uyeda, ha anticipado una mayor contención en la
actividad reguladora de la agencia que dirige tras los años
«excesivamente ambiciosos» de la era Biden. «Mi forma de ver la
regulación financiera es que no somos una lancha motora», ha asegurado.
Partiendo del peso que tiene la economía de Estados Unidos, la
creación de esa reserva estratégica y el giro de la regulación del
mercada de las criptomonedas para orientarla a aprovechar los beneficios
de la innovadora tecnología y no sólo para defenderse de los riesgos y
amenazas, auguran que estamos ante un mercado que llegó para crecer y
multiplicarse.
Obviamente, el país no debe ser sólo un espectador, debe regular ese
mercado para proteger a los inversores de buen fe, evitando que la
regulación sea tan débil que convierta el ecosistema cripto en un
«salvaje oeste» o que sean tan excesivamente fuerte que mate la
innovación.
CREDITOS A HOY.